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Para no repetir la crisis
La ley de reforma financiera (un documento de 2,315 páginas), busca regular el funcionamiento de los grandes bancos y los mercados bursátiles, así como proteger a los consumidores, con la esperanza de evitar una repetición de la crisis del 2008.
Sin embargo, su impacto dependerá en definitiva de los funcionarios del gobierno designados para aplicarla.
La legislación otorga al gobierno nuevos poderes para dividir a compañías cuyo desempeño amenaza la economía, crea una nueva agencia para proteger a consumidores en sus transacciones financieras, y saca a la luz oscuros mercados financieros que habían escapado hasta ahora del control de los reguladores.
La legislación -que lleva el nombre del presidente del Comité Bancario del Senado, Chris Dodd, y del presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Barney Frank- pone fin a una tendencia de facilitar regulaciones y restringe al sector financiero de formas nunca vistas desde la Gran Depresión de la década de 1930.
Los republicanos describieron la ley como un intento del gobierno de llegar demasiado lejos, y aseguran que la antipatía de los votantes al gobierno y su preocupación por el desempleo superará su odio a Wall Street en las elecciones de noviembre.
Voto previo clave
Ya en la mañana del jueves, por 60 votos contra 38, los senadores aprobaban poner fin al debate. Así se allanó el camino para que el Congreso elevara al presidente Barack Obama la nueva ley.
Tres republicanos -Susan Collins y Olympia Snowe, de Maine, y Scott Brown, de Massachussets- sumaron sus votos a los demócratas para poner fin al debate.
El demócrata Russ Feingold, de Wisconsin, quien ha dicho que la ley no es lo suficientemente enérgica, votó con los republicanos en contra del proyecto.
El proyecto de ley ha sido la máxima prioridad nacional de Obama tras la aprobación de una reforma del sistema de salud y luego de una primera victoria en la creación de un fondo de casi $800 de dólares millones para estimular una economía golpeada por la recesión más profunda desde la Gran Depresión de la década de 1930
En términos generales, el proyecto de ley establece una mayor supervisión del Gobierno, que tendrá más poder, por ejemplo, para liquidar entidades en quiebra o para auditar sus cuentas.
La ley también establece una mayor exigencia de capital para los bancos, regula las transacciones de los mercados de derivados, limita los salarios de los banqueros, somete a un mayor control a las entidades de calificación de riesgo, y establece la creación de una Oficina de Protección del Consumidor.
El proyecto de ley busca abordar las deficiencias normativas a las que se atribuye la crisis financiera de 2008.
Da a los reguladores una autoridad amplia para controlar a los bancos, limitar la toma de riesgos por parte de las empresas financieras y supervisar el comercio que no era regulado anteriormente.
También facilita la liquidación de instituciones grandes, interconectadas financieramente, y crea una oficina de protección del consumidor para evitar abusos en los préstamos.
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